El Consistorio, a través de una carta del alcalde a la ministra de Hacienda y remitida también al presidente de la FEMP, lleva solicitando desde el pasado 29 de marzo que el Gobierno permita a los Ayuntamientos la utilización de esta partida de forma incondicionada, que posibilite su uso para medidas de reactivación económica y ampliar el límite fijado para gasto social por COVID-19
4/05/2019.- El Ayuntamiento de Málaga cuenta con un superávit de 2019 que alcanza un montante económico de 48.637.199,25 euros. Esta partida procede del remanente positivo de tesorería obtenido de la liquidación del presupuesto del año pasado, una vez de detraídos los conceptos y partidas establecidos por ley.
Como ha informado la delegación de Economía y Hacienda, partiendo del informe de la Intervención General, ésta sería la cantidad a poder ser utilizada si el Gobierno Central permitiera su uso íntegro de forma incondicionada y sin limitaciones.
El Ayuntamiento de Málaga, como ha expresado desde que comenzara la crisis sanitaria del coronavirus, quiere destinar el superávit como complemento para continuar reforzando y ampliando tanto las políticas prioritarias de acción y protección social como las medidas que contribuyan a anticipar la reactivación económica, al tiempo que a seguir prestando servicios públicos de calidad.
Como ya se anunció, además de atender la situación actual, se está trabajando en la reestructuración del presupuesto de este año para anticipar y afrontar el corto y medio plazo de la ciudad, priorizando la respuesta social a familias y colectivos más vulnerables y la recuperación del tejido empresarial y productivo.
Por ello, es necesario que se posibilite a los Ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, hacer utilización íntegra de esta partida sin condicionantes de uso ni restricciones de destino que están actualmente en vigor, y poder aplicarlo a medidas, subvenciones y a las acciones mencionadas.
Así se recoge en la carta del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, enviada a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y remitida también al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, el pasado 29 de marzo.
En ambas misivas, se lleva solicitando desde finales de marzo que el Ejecutivo, a la mayor brevedad posible, adopte medidas, entre otras, encaminadas a permitir que los Ayuntamientos puedan ampliar los supuestos y límites de las Inversiones Financieramente Sostenibles para que se puedan realizar gastos corrientes y de inversión que estén relacionados con las consecuencias actuales y venideras derivadas de la pandemia.
Así, el Consistorio malagueño, en dichas cartas, ha reclamado que se pueda dedicar a iniciativas de reactivación económica como subvenciones a sectores afectados; y que se aumente la limitación cuantitativa para gastos de tipo social recientemente aprobada.
También se ha expuesto la necesidad de utilizar el superávit, entre otros supuestos, si fuera necesario para poder incrementar transferencias a entes dependientes donde se produzca una bajada considerable de ingresos como el transporte de viajeros, entre otras, o de servicios que directamente se hayan tenido que dejar de prestar.
Como se explicaba en la carta, resulta absolutamente necesario y urgente que se proceda, mediante las oportunas modificaciones legales, a dictar un conjunto de medidas para que los ayuntamientos españoles afronten con garantía, eficacia y flexibilidad el conjunto de obligaciones y acciones a las que ya están haciendo frente en esta situación crítica.
Es por ello que se requería al Ejecutivo que se permita el uso del remanente y del superávit presupuestario y se modifiquen los criterios para el cálculo de la regla de gasto, para atender los efectos económicos, financieros y presupuestarios contemplados.
PRIORIZACIÓN DE OTROS USOS PARA EL SUPERÁVIT Y AMPLIACIÓN DEL LÍMITE FIJADO PARA GASTO SOCIAL
El Gobierno contempla, conforme al Real Decreto-ley 11/2020, adelantar un 20% del destino del superávit para gasto social; es decir, tiene fijado ese límite como máximo para dedicarlo a políticas sociales derivadas del COVID-19, del total del superávit.
A ello se une que hasta la fecha no se ha prorrogado, como sí se hizo en años anteriores, la regla especial del destino del superávit, por lo que el único destino del mismo sería el gasto social con el límite indicado y el resto se tendría que aplicar, de acuerdo a la ley, a amortizar deuda.
En este escenario, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, se podrían dedicar unos 8,77 millones de euros a gasto social (20% del superávit tras ajuste preceptivo) y el resto, unos 39,86 millones de euros, a amortización anticipada de deuda.
En este sentido, cabe recordar que, según los datos más recientes publicados por el Banco de España relativos a 31 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Málaga ha reducido en 60 millones de euros su endeudamiento interanual; es decir, cerró el año 2019 con 60 millones de euros menos de deuda que a finales de 2018. Así, el importe de la deuda a 31 de diciembre de 2019 era de 348 millones de euros, frente a los 408 millones de la misma fecha de 2018. Si no se tienen en cuenta los datos relativos a préstamos por viviendas protegidas, la deuda se situó al final del ejercicio pasado en 270 millones de euros.
Con esa reducción, Málaga se mantiene, en base a los datos publicados por el Banco de España, como la segunda de las grandes capitales españolas (con población superior a 500.000 habitantes) menos endeudada; si no se incluyen los préstamos por vpo, se posiciona como la menos endeudada de estas ciudades.
Además, cabe recordar el esfuerzo realizado en reducción de deuda en los últimos años. De hecho, el importe amortizado desde el 1 de enero de 2013 es de 400 millones de euros, de acuerdo también a los datos del Banco de España.
En cuanto al índice de endeudamiento municipal se situó a 31 de diciembre de 2019 en el 59% (47%, sin préstamos por vpo), lo que supone más de 50 puntos porcentuales por debajo del máximo fijado por el Gobierno Central (110%).
Por ello, el Ayuntamiento considera necesario que el uso y el destino íntegro del superávit tenga otras aplicaciones prioritarias en esta situación de pandemia y de necesaria respuesta social y económica, frente a la obligatoriedad vigente de amortización de deuda.
MEDIDAS FINANCIERAS DE LA FEMP
Como se ha explicado desde el Consistorio, estas reivindicaciones en materia de financiación, que se llevan haciendo desde finales de marzo, también se han puesto de manifiesto en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El pasado jueves, la FEMP constituyó su comisión de trabajo en materia de Haciendas y Financiación Local en el marco de los procesos de desescalada y reconstrucción por el Covid-19, de la que forma parte el Ayuntamiento de Málaga, representado en el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.
Ya desde la FEMP, como se recoge en su documento de ‘Medidas económicas extraordinarias para paliar los efectos económicos del coronavirus’ de 2 abril, se contemplaba que “las Entidades Locales verán reducir notablemente sus ingresos en los próximos meses, porque las circunstancias de la crisis afectan a servicios tan importantes como el transporte urbano, y al cobro de tasas e impuestos como el IBI, el impuesto de circulación de vehículos (IVTM), el IAE, la plusvalía, la ORA, etc., que retrasarán previsiblemente su calendario de pagos y, por tanto, producirán un desequilibrio presupuestario. Por esta misma razón, va a ser imposible cumplir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
Por ello, se ha solicitado desde la FEMP, como se indica en dicho documento, entre otras medidas financieras, que el Gobierno de España, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, flexibilice la regla de gasto para todas las Entidades Locales con superávit, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la referida Ley Orgánica.
En ese sentido podrá destinarse el destino del superávit a cualquier tipo de actuación, ya sea gasto corriente o inversión, y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad ciudadana, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a atender a la población más vulnerable como consecuencia de la situación actual de estado de alarma declarada por el Gobierno, menciona también el texto de la FEMP.
REPROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO
Por otro lado, cabe recordar que, además, como se anunció, el Ayuntamiento de Málaga está trabajando en la reprogramación de gastos del presupuesto municipal de este año con el objetivo de anticipar y reforzar las medidas de atención social y de estímulo económico de cara a la etapa tras la crisis sanitaria.
Desde el inicio del estado de alarma, el Consistorio está volcado y reforzando el gasto social, sin escatimar recursos, destinando para ello todas las partidas necesarias en los planes, medidas y ayudas que se están llevando a cabo para dar respuesta a la demanda social y tener atendidas a las familias más vulnerables.
Además de atender la situación actual, se trabaja también en la reestructuración del presupuesto 2020 para afrontar el corto y medio plazo de la ciudad, priorizando, como hasta ahora, la atención social y la reactivación económica.
Con este fin el Consistorio malagueño elabora un informe que contemple la previsión de ingresos, los mayores gastos por la crisis sanitaria del coronavirus, así como los ahorros que en materia de gastos o recalendarización de actuaciones puedan producirse hasta final de año y motivados por la situación actual de estado de alarma.
Para ello, la delegación de Economía y Hacienda ha solicitado dicha documentación a las distintas áreas y entes municipales, que están analizando y evaluando estos días las partidas de cada uno de sus presupuestos. Es la base sobre la que se van a ir configurando diferentes escenarios presupuestarios y sobre la que pivotar el diseño e implementación de un plan de contingencia municipal que conllevaría la reestructuración del presupuesto 2020.
Se está preparando y adelantando la respuesta del Ayuntamiento y los servicios municipales a las necesidades de los malagueños que puedan surgir derivadas de la crisis por el Covid-19, priorizando, como hasta ahora, las acciones sociales y de estímulo económico con el fin de favorecer la reactivación de la ciudad en el menor tiempo posible; así como seguir manteniendo la calidad de los servicios públicos.
PAGO A PROVEEDORES Y MEDIDAS FISCALES
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga, desde el inicio del estado de alarma, está implementando distintas medidas para favorecer la reactivación económica y de apoyo a empresas, pymes y autónomos.
Por un lado, hasta el 21 de abril, ya se habían abonado unos 60 millones de euros de los recursos municipales para pagos a proveedores, subvenciones y transferencias.
El Consistorio malagueño continúa así con su esfuerzo y compromiso de pagar de forma ágil a proveedores y contribuir también de esta manera a paliar los efectos económicos que la crisis sanitaria por el coronavirus tiene en empresas y autónomos.
De hecho, el último dato de plazo medio de pago a proveedores se ha situado en 26 días en el mes de marzo, lo que supone que durante el estado de alarma se sigue abonando de forma ágil y por debajo del límite legal.
Y, por otro, se ha activado un plan extraordinario de medidas fiscales con eliminación de cuotas y ampliación de plazos de pago en distintos tributos para dar facilidades a familias, empresas y autónomos.
Así, el Ayuntamiento no va a cobrará las cuotas de las tasas de mercadillos, mesas, sillas y toldos por el tiempo que permanezcan cerrados y aplicará la misma medida a los puestos de mercados municipales cuya actividad tampoco esté permitida por el estado de alarma. Asimismo, se ha promovido una medida similar en la tasa de basura para los establecimientos y en el IAE, cuyo procedimiento de aplicación se ha solicitado al Gobierno.
