El Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana la reforma de su reglamento que permite el uso de lenguas cooficiales en los debates parlamentarios.
Esto repercute en mayor gasto en pinganillos y en un equipo de traductores simultáneos para todos los diputados en sus distintas lenguas. Además, discrimina al asturiano y al bable, que se hablan en el Principado. Quienes usen estos últimos idiomas deben autotraducirse al castellano dentro de su tiempo de debate.
Por un lado, es un paso más para normalizar algo que asusta a muchos: el uso de las lenguas que se hablan en España y que, según la Constitución, son españolas. No nos oponemos, en absoluto, a que cualquiera pueda hablar libremente con el idioma cooficial que desee. Incluso es necesaria su enseñanza a las nuevas generaciones para que su cultura no se pierda. Pero sí es muy criticable su imposición.
Por otro, esto provoca un coste igualmente criticable. No por lo inasumible económicamente sino por lo absurdo. Bien es cierto que a nivel de la Unión Europea, su propio Parlamento Europeo usa y debe usar traductores simultáneos para que nuestros representantes puedan entender las distintas lenguas de los 27 Estados miembro, y que no conocen porque no son naturales del país.
Pero en España es absurdo usarlo en el Congreso al tener todos el conocimiento de un idioma común: el castellano. Ojalá todos podamos aprender todos los idiomas posibles. Pero no puede suponer una imposición hasta el punto de que la sede de la soberanía popular se convierta en una Torre de Babel, cuando todos podemos entendernos hablando en castellano.
Es una evidente cesión de Pedro Sánchez al independentismo que nos cuesta miles de euros a los españoles, a cambio de permanecer en el poder.
